México tiene más de 11 mil km de costa. Ahí están las playas que llenan nuestras vacaciones, los manglares que frenan huracanes y los cenotes que no existen en casi ningún otro lugar del mundo. Y durante años, todo eso tuvo un problema enorme que casi nadie conocía: la ley ambiental no decía qué era un ecosistema costero.
EL HUECO EN LA LEY
Suena a detalle de abogados, pero era gravísimo. Si la ley no define qué es un ecosistema costero, tampoco puede protegerlo bien. Esa ambigüedad era una rendija: un proyecto podía plantarse cerca de un manglar o de una duna y alegar que su terreno no entraba en ninguna categoría protegida, para así librarse del filtro ambiental federal. Lo que no tiene nombre en la ley, se puede tocar. Así de simple y así de peligroso.
El 21 de febrero de 2013, el senador Jorge Emilio González Martínez, del Partido Verde, presentó la iniciativa para cerrar ese hueco. La propuesta era directa: escribir en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con nombre y apellido, todo lo que forma parte de la costa mexicana, y obligar a que cualquier obra en esas zonas pase primero por la evaluación de impacto ambiental de la federación.
¿QUÉ QUEDÓ PROTEGIDO EXACTAMENTE?
La lista que se agregó a la ley es larga, y eso es justamente lo valioso: playas, dunas, acantilados, lagunas costeras, esteros, marismas, pantanos, ciénegas, manglares, petenes, oasis, cenotes, palmares, selvas inundables, arrecifes de coral, pastos marinos y costas rocosas. La ley también fijó hasta dónde llega la zona costera: desde el mar, en profundidades menores a 200 metros, hasta 100 km tierra adentro. Es decir, la protección no se queda en la orilla.
Con esa definición, la jugada de "mi terreno no es ecosistema costero" se acabó. Si tu obra toca cualquiera de esas zonas, tienes que pasar por Semarnat antes de mover una sola piedra.
UNA LEY QUE TARDÓ 5 AÑOS
Este tipo de reformas no salen rápido. La iniciativa de Jorge Emilio González avanzó por comisiones, y el 14 de octubre de 2014 la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por unanimidad: 401 votos a favor y ni uno solo en contra, algo poco común en un Congreso donde casi todo se pelea. Aun así, el proceso legislativo completo tomó años, y la reforma se publicó finalmente en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2018.
Cinco años de camino para un cambio que hoy sigue vigente y que se volvió una de las piezas de la agenda ambiental que el Partido Verde ha presumido desde entonces. Más allá de los partidos, el resultado es concreto: la costa mexicana dejó de ser tierra de interpretaciones y pasó a estar escrita, delimitada y vigilada en la ley.
¿Y esto qué significa para ti? Que si algún día ves maquinaria trabajando sobre un manglar, una duna o junto a un cenote, esa obra debe tener una autorización de impacto ambiental federal. Si sospechas que no la tiene, cualquier persona puede presentar una denuncia ante la PROFEPA. La ley ya puso los nombres; cuidar que se respete es tarea de todos.