Donald Trump ha prometido que, de ser reelegido, lanzaría una campaña masiva de deportación para expulsar a migrantes indocumentados de Estados Unidos. Durante una entrevista, su compañero de fórmula, JD Vance, mencionó una cifra concreta: «Empecemos con un millón de personas».
Sin embargo, los expertos señalan que llevar a cabo una deportación a gran escala enfrentaría múltiples obstáculos. A nivel práctico y legal, deportar a tantas personas implicaría un proceso complejo. Los migrantes sin estatus legal tienen derecho a un juicio antes de ser expulsados, lo que aumentaría la carga sobre los tribunales de inmigración, ya saturados y con grandes retrasos.
Además, la cooperación entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las autoridades locales es fundamental, pero muchas ciudades en EE.UU., conocidas como «ciudades santuario», limitan esta colaboración, lo que complicaría cualquier intento de deportación masiva. Según Kathleen Bush-Joseph, del Instituto de Políticas de Migración, este es uno de los mayores desafíos para implementar un plan de este tipo.
Finalmente, cualquier intento de deportación masiva también enfrentaría batallas legales, ya que grupos de derechos humanos probablemente presentarían demandas para detener tales operaciones, aumentando aún más las dificultades para llevar a cabo este plan.
En resumen, aunque Trump y su equipo han lanzado esta propuesta, las complejidades legales y logísticas hacen que sea difícil de implementar en la práctica.