Estados Unidos confiscó el pasado lunes 2 de septiembre el avión oficial del presidente venezolano, Nicolás Maduro, mientras la aeronave se encontraba en República Dominicana. Esta acción se llevó a cabo bajo el amparo de las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a Venezuela, según informó CNN.
Dos funcionarios estadounidenses confirmaron a la cadena que el avión fue trasladado a Florida tras su confiscación. Uno de los funcionarios explicó que la incautación de un avión perteneciente a un jefe de Estado extranjero es un hecho sin precedentes en asuntos penales, y subrayó que con esta medida se pretende enviar un mensaje claro: “Nadie está por encima de la ley, ni fuera del alcance de las sanciones estadounidenses”.
Aunque aún no hay una confirmación oficial completa sobre los detalles de la operación, se sabe que Estados Unidos determinó que la adquisición del avión, cuyo valor se estima en 13 millones de dólares, violaba las sanciones impuestas a Venezuela, entre otros posibles delitos. La aeronave había estado en República Dominicana durante los últimos meses antes de ser confiscada.
¿Por qué fue confiscado el avión presidencial de Maduro?
Los detalles exactos sobre por qué se tomó la decisión de confiscar el avión no han sido revelados por los funcionarios estadounidenses. Sin embargo, señalaron que surgió una «oportunidad» para llevar a cabo la incautación en una operación coordinada entre varias agencias federales de Estados Unidos, en estrecha colaboración con las autoridades de República Dominicana, que notificaron a Venezuela sobre el decomiso.
El avión, descrito como el equivalente venezolano al Air Force One, ha sido utilizado en numerosas visitas de Estado de Nicolás Maduro por el mundo. Esta medida pretende enviar un mensaje contundente a los altos mandos del Gobierno venezolano.
En el pasado, el gobierno de Estados Unidos ha confiscado numerosos bienes de lujo que iban dirigidos a Venezuela, pero nunca había intervenido un activo de tanta relevancia y simbolismo.
Esta acción se produce en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, especialmente después de que Washington revirtiera parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano en abril, acusando a Maduro de incumplir sus compromisos electorales al inhabilitar a la candidata opositora María Corina Machado.
Desde las controvertidas elecciones venezolanas del 28 de julio, Estados Unidos ha mantenido una postura crítica hacia el gobierno de Maduro. La semana pasada, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, condenó la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, calificándola de “violación inaceptable” de las leyes del país.
También criticó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por ratificar la victoria de Maduro, lo que consideró un intento de silenciar las voces de los votantes.
En respuesta a estas acusaciones, el gobierno venezolano ha afirmado que no debe explicaciones a Estados Unidos sobre la reelección de Nicolás Maduro.