En un giro político significativo, Corea del Sur levantó la ley marcial apenas cinco horas después de haber sido declarada por el presidente Yoon Suk-Yeol. La decisión del mandatario enfrentó un rechazo unánime tanto del Parlamento como de su propio partido político, el Partido del Poder Popular (PPP). Miles de ciudadanos salieron a las calles en protesta, exigiendo la retirada inmediata de la medida que suspendía derechos civiles y paralizaba actividades políticas, lo que generó una crisis de gran escala en el país.
El Parlamento, liderado por el opositor Partido Democrático (PD), bloqueó la declaratoria con una resolución aprobada por unanimidad, calificándola como “ilegal” e innecesaria. Incluso miembros del PPP, partido oficialista, instaron al presidente a respetar la decisión parlamentaria y cesar cualquier intento de justificar la intervención militar. La oposición acusó a Yoon de utilizar esta medida como represalia política, tras decisiones legislativas que recortaron presupuestos clave y removieron funcionarios afines al gobierno.
Ante la creciente presión, Yoon Suk-Yeol anunció en un mensaje televisado el retiro de las tropas desplegadas en puntos estratégicos y el levantamiento total de la ley marcial. La comunidad internacional, incluida Estados Unidos, pidió resolver las tensiones de forma pacífica. Esta crisis pone de manifiesto los desafíos políticos de la administración Yoon y evidencia un país dividido en medio de tensiones políticas internas y una ciudadanía cada vez más activa en la defensa de sus derechos.