La Cámara de Diputados aprobó por una mayoría de 469 votos reformas al artículo 123 de la Constitución, centradas en mejorar el acceso de los trabajadores a una vivienda digna. Con esta modificación, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) estará obligado a ofrecer un sistema de vivienda social que permita a los empleados obtener créditos más asequibles y adecuados para la adquisición de sus hogares.
Entre las novedades de la reforma se establece que los trabajadores podrán acceder a viviendas en arrendamiento social con la posibilidad de comprarlas posteriormente. El costo de la renta mensual no podrá exceder el 30% del salario del trabajador, priorizando a aquellos que han realizado aportaciones continuas al Infonavit y que no cuentan con una propiedad.
El dictamen fue enviado al Senado para su ratificación y también plantea la obligación para las empresas de proporcionar viviendas adecuadas a sus empleados. Esta reforma, según varios diputados, es un paso hacia un México más igualitario, facilitando que miles de personas puedan acceder a un hogar, especialmente aquellas que no cumplen con los requisitos actuales para obtener un crédito.
Durante el debate, se subrayó que esta reforma podría fomentar la construcción de hasta un millón de nuevas viviendas, favoreciendo a trabajadores entre los 18 y 55 años. Aunque la propuesta contó con el respaldo de todos los partidos, algunos miembros de la oposición expresaron preocupación sobre su posible mal manejo, vinculando el proyecto con riesgos de clientelismo político y corrupción.
El proceso de debate estuvo marcado por momentos tensos, incluyendo un cruce entre la diputada Rocío González y un colega, en donde la legisladora denunció conductas inapropiadas en el pleno.