Gobierno de Nuevo León impulsa el diálogo para aprobar el Presupuesto 2025

El Gobierno de Nuevo León, encabezado por el gobernador Samuel García, reafirma su compromiso con la transparencia y el consenso al trabajar en colaboración con el Congreso para la aprobación del Paquete Fiscal 2025. En un gesto de apertura, García instruyó al secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Garza Ibarra, a proporcionar toda la información técnica necesaria para garantizar un análisis consciente y fundamentado. Este enfoque busca dar seguridad al proceso y fomentar acuerdos en torno a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, fundamentales para el desarrollo de la entidad.

En un esfuerzo por facilitar las negociaciones, el Gobierno del Estado presentó ajustes significativos y desistimientos de normas fiscales que habían generado inquietudes entre los legisladores. El consejero jurídico, Ulises Carlín, confirmó la retirada de tres propuestas del Código Fiscal del Estado, subrayando que esta decisión se tomó para no entorpecer las negociaciones y promover un clima de colaboración. Además, el secretario de Finanzas destacó que el Paquete Fiscal no contempla nuevos impuestos y prevé ingresos propios por 34,123 millones de pesos, fortaleciendo la estabilidad económica del estado.

El gobernador Samuel García ha demostrado una postura respetuosa y proactiva, apoyando al Congreso en la búsqueda de consensos y asegurando que Nuevo León cuente con un presupuesto sólido para 2025. Este diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo refleja la visión de un gobierno que prioriza el bienestar ciudadano y la transparencia en la toma de decisiones. A través de estas acciones, el Gobierno de Nuevo León se posiciona como un referente de compromiso y eficacia en la gestión pública.

La Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos 4 y 5 de la Constitución Política que prohíben el uso y comercio de vapeadores, cigarrillos electrónicos, fentanilo y otras drogas sintéticas. Con 327 votos a favor y 118 en contra, la propuesta también sanciona toda actividad relacionada con estas sustancias, incluyendo su producción, distribución y venta. El proyecto, que ahora será discutido en el Senado, busca proteger la salud pública y abordar la crisis derivada del consumo de estas sustancias.

El debate en el recinto estuvo marcado por posturas encontradas. Por un lado, la diputada Danisa Flores, de Morena, destacó que el fentanilo representa una grave amenaza al tejido social y a la seguridad nacional, argumentando que su prohibición es clave para combatir el narcotráfico y fortalecer relaciones internacionales. En contraste, legisladores de oposición como Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, y Paulina Rubio, del PAN, criticaron la medida. Reyes calificó la reforma como un ataque a las libertades individuales, mientras que Rubio la consideró una “simulación” que no aborda de manera efectiva los problemas de violencia y narcotráfico en México.

El dictamen establece que las actividades relacionadas con los dispositivos electrónicos de vapeo y las sustancias tóxicas quedarán prohibidas en todas sus formas, tanto en comercio nacional como internacional. Esta reforma surge en un contexto donde el consumo de fentanilo ha provocado una crisis de salud pública a nivel global, afectando especialmente a países como Estados Unidos y México. La decisión de los legisladores abre la puerta a una mayor regulación, pero también genera interrogantes sobre su implementación y efectividad a largo plazo.

Trump defiende a acusados del asalto al Capitolio tras indulto de Hunter Biden

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, levantó polémica al defender públicamente a las más de 1,500 personas acusadas por el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021, calificando su encarcelamiento como un “abuso y error judicial”. Estas declaraciones surgieron tras el reciente indulto otorgado por el presidente Joe Biden a su hijo Hunter, quien enfrentaba cargos por posesión ilegal de armas y evasión fiscal. Trump utilizó su red Truth Social para criticar el trato desigual, afirmando que “los prisioneros del 6-J llevan años siendo víctimas de un sistema injusto”.

Hasta la fecha, 571 de los acusados enfrentan cargos relacionados con agresiones a la policía y obstrucción del orden público. Del total, más de 940 ya se declararon culpables de diversos delitos, y algunos recibieron sentencias severas, especialmente miembros de grupos como Proud Boys y Oath Keepers, condenados por conspiración sediciosa. Este episodio, que dejó más de 140 agentes heridos y cinco muertos, ocurrió tras un mitin en el que Trump denunció, sin pruebas, un supuesto fraude electoral en los comicios de 2020.

El contexto político se intensifica con el reciente anuncio de Biden sobre el indulto a Hunter, que cubre delitos cometidos entre 2014 y 2024. Trump no solo condenó este acto, sino que también insinuó que podría conceder indultos a los participantes del asalto al Capitolio si regresa al poder. Mientras tanto, el debate sobre la justicia en Estados Unidos y las implicaciones éticas de estas decisiones sigue dividiendo a la opinión pública.